Con avales del BID y el Banco Mundial, el Gobierno acelera los pliegos para privatizar el Belgrano Cargas

El Poder Ejecutivo nacional proyecta concretar las primeras privatizaciones de empresas públicas durante la segunda mitad del año, priorizando la licitación de los ferrocarriles de cargas. El proceso para la concesión de las líneas Belgrano Cargas, Urquiza y San Martín se encuentra en etapa final tras una revisión técnica de los pliegos que contó con el aval del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidades que garantizaron la prefactibilidad de financiamiento para los futuros operadores. Asimismo, el esquema oficial ratifica la continuidad laboral de la totalidad de las plantas de trabajadores actuales del sector, con la expectativa de que el incremento de la actividad y las obras de infraestructura generen nuevos puestos de empleo a mediano plazo.

La publicación de los pliegos para la red ferroviaria de cargas se prevé para el corto plazo. El plan de transferencia al sector privado se estructurará en dos instancias diferenciadas:

1. Primera etapa: Se licitará la concesión de las vías por un plazo de 50 años, contemplando además la opción de adquirir una parte del material rodante.

2. Segunda etapa: Se dispondrá la venta de los talleres ferroviarios junto con el remanente del material rodante disponible.

Talleres ferroviarios en Tafí Viejo del Belgrano Cargas.

El respaldo del Banco Mundial y del BID opera como un mecanismo de atracción, ya que ambas instituciones internacionales quedaron habilitadas para otorgar créditos directos a las firmas que resulten adjudicatarias y deban afrontar los desembolsos de capital requeridos para la optimización de las redes.

Operadores interesados y seguridad jurídica

Hasta el momento, cuatro conglomerados empresarios mantienen interés firme en el proceso licitatorio, divididos en partes iguales entre el ámbito local y el internacional. Entre los participantes externos destaca el Grupo México, con trayectoria previa en el sector ferroviario. En el plano doméstico, se registran las intenciones de un consorcio integrado por firmas agroexportadoras y mineras —interesadas principalmente en el trazado del Belgrano Cargas— y de la empresa constructora Grupo Roggio. A este escenario se sumaron los primeros acercamientos de fondos de inversión privados.

Respecto a las demandas de certidumbre contractual solicitadas por los oferentes frente a los tiempos de la justicia local, los pliegos incorporaron ajustes de blindaje normativo. No obstante, las autoridades descartaron la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción inicial ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que las corporaciones internacionales ya poseen el derecho intrínseco de recurrir a dicho tribunal de arbitraje en instancias posteriores si fuera necesario.

El diseño de la privatización no está orientado a generar una recaudación directa para el Tesoro Nacional, sino a suprimir las erogaciones corrientes del Estado en el mantenimiento del sistema. Los criterios de adjudicación evaluarán las propuestas tarifarias de los competidores, así como los plazos y presupuestos para la ejecución de obras obligatorias. Aquellas ofertas que propongan mejoras de infraestructura complementarias recibirán un puntaje adicional en la ponderación final.

Finalmente, las autoridades analizan los mecanismos técnicos para determinar de qué manera los nuevos concesionarios podrán acogerse a los beneficios fiscales y aduaneros contemplados en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En paralelo a este proceso, los equipos gubernamentales preparan esquemas de venta similares para activos pertenecientes al sector energético.